La fallida investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno ha sido un proceso tan arduo y tedioso como previsible. Repleta de la típica expectación que suele conllevar, este clima ignoto nos sumerge en un océano desconocido de la historia de la política española. Un futuro incierto que supone la antesala de un terreno inexplorado de nuestra democracia, a merced del cual se encuentra el inmenso magma de la población. La formación de Pablo Iglesias acaparó todos los ecos mediáticos durante el debate de investidura al afirmar que Felipe González tiene, textualmente, las manos manchadas de cal viva, en referencia al truculento caso GAL.
Entre sonoros abucheos y pitidos por parte de la tribuna socialista, las duras críticas del líder de Podemos no han caído en saco roto. Parece evidente que el malogrado acuerdo entre Pedro Sánchez y Albert Rivera ha sido orquestado desde las altas cúpulas socialistas para evitar que Pablo Iglesias acceda a todo poder político. No obstante, la referencia del irreverente líder izquierdista a la guerra sucia, tristemente célebre en los años 80, no ha hecho más que abrir una herida en el corazón socialista que aún no había terminado de cicatrizar.
Pero, ¿qué sabemos a ciencia cierta de los GAL? ¿Realmente se trató de un tipo de terrorismo de estado? ¿Fue un plan instigado desde las altas esferas del gobierno para acabar con la actividad armada de ETA? Muchos son los comentarios, rumores y verdades que se han vertido acerca de ello. No obstante, lo único cierto sobre este controvertido tema es que se trata de uno de los asuntos más escabrosos, inconclusos y turbios de la historia reciente de nuestro país. O como muchos acuñaron, la segunda parte de la Guerra Civil.
A fin de contextualizar, después de la llegada de Felipe González al poder en 1982, ETA continuó convirtiendo las calles en un reguero de sangre. A sus víctimas, principalmente militares, policías y guardias civiles, pronto se sumaría un elevado número de personas civiles, con el objetivo de lograr la independencia del País Vasco. La dialéctica abertzale, básicamente compuesta de granada y metralla, asolaría las calles de España, dotando a la recién estrenada democracia de un halo de crispación y horror a partes iguales. De hecho, en 1980 el número de asesinados por parte de la organización terrorista alcanzaría la titánica cantidad de 93 muertos. Un Estado de Derecho, que había eclosionado tras más de 40 años de letargo, tendría que lidiar contra dos lacras de opuesto símbolo político que harían tambalear sus cimientos.
Dicho esto, los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) aparecieron en 1983 y comenzaron a practicar lo que se denominó guerra sucia. En esencia, se trataba de comandos parapoliciales, principalmente compuestos por agentes corruptos, el Batallón Vasco-Español, la Triple A, ATE (Anti Terrorismo ETA), la extrema derecha, sicarios, mercenarios y altos mandos policiales de la vieja guardia. Perpetraron crímenes contra etarras, concejales de Batasuna y simpatizantes del entorno abertzale. Sus víctimas eran secuestradas, torturadas y enterradas en cal viva.
Paralelamente, los rumores acerca de que los GAL eran una forma de terrorismo de Estado empezaron a recorrer todo el país, mientras los etarras eran considerados refugiados políticos en Francia y no eran castigados allí ni serían extraditados a España si no cometían atentados. Lugares limítrofes como Hendaya, Bayona y San Juan de Luz constituyeron fortines estratégicos donde los miembros de la organización terrorista vasca eran considerados refugiados políticos. Los GAL mataron a unas 30 personas, muchas de ellas sin relación alguna con ETA. En relación a ello, acaparó bastante revuelo mediático el caso de Segundo Marey, un ciudadano vasco-francés, trabajador de una cooperativa perteneciente a ETA, aunque ajeno a dicho ambiente terrorista. Marey, de 51 años, era hijo de un exiliado socialista francés y fue secuestrado y torturado por los GAL, por confusión al ser confundido con un etarra al que pretendían secuestrar.
Ni que decir tiene que la ingente mayoría de los ideólogos de los GAL eran dirigentes policiales procedentes del franquismo. Tras la victoria de los reformistas en detrimento de los rupturistas en la Transición, el cuerpo de policías franquistas fue reciclado, lo que derivó en una democratización mimetizada de los cuerpos de seguridad y fuerzas del Estado. Mandatarios como el inspector José Amedo serían uno de los principales artífices de los GAL. Otros destacados miembros de la Brigada Político Social, lo que básicamente era la Gestapo de Franco, camparon a sus anchas para tomarse la justicia por su mano, sirviéndose de dinero público y privando a la Constitución de toda legitimidad política y jurídica.
Los GAL constituyeron la institucionalización de numerosos colectivos armados cuya principal tarea era erradicar a miembros de ETA en los años posteriores a la muerte de Franco. José Miguel Argala, uno de los eterras involucrados en el asesinato del almirante Luis Carrero Blanco en 1973, sucesor natural del dictador, sería asesinado en Anglet por el Batallón Vasco Español el 21 de diciembre de 1978, cinco años y un día después de que el presidente del gobierno saltara por los aires. Posteriormente, dicha banda parapolicial, aunada con demás sicarios independientes, pasaría a denominarse GAL. Sería el primer crimen reivindicado por el terrorismo de estado en un reguero de sangre que se prolongaría durante los años 80.
Pocos periodistas se atrevieron a investigar a los GAL y los que lo hicieron llegaron prácticamente a las cloacas del Estado. Las comparaciones con el famoso Watergate, que acabaría con la dimisión del presidente de Estados Unidos, Richard Nixon en 1974 por escuchas ilegales al partido demócrata, no se hicieron esperar. Las analogías entre ambos casos serían más que evidentes. En tanto que el caso norteamericano supondría la piedra angular del periodismo de investigación, en el caso español, las trabas impuestas incluso desde estratos políticos superiores al Gobierno impidieron que la verdad saliera a la luz antes. Otros, en cambio, afirmarían que todo el asunto era un invento de la oligarquía vasca y de los grandes empresarios euskeras para eliminar a ETA, quienes personificaban su principal facción enfrentada. Sería el periódico El Mundo y Diario 16 quienes finalmente destaparían toda la verdad acerca de los GAL en 1987, al publicar datos acerca de su formación, financiación y principales responsables. Irónicamente, este movimiento relacionado con la extrema derecha fue financiado por las autoridades del PSOE, un partido teóricamente de izquierdas.
Finalmente, el ministro de Interior socialista José Barrionuevo y Rafael Vera, secretario de Estado para la Seguridad del Gobierno de España, serían condenados ya en los años 90. La implicación del ministro de Defensa, Narcís Serra, y la del presidente del gobierno, Felipe González, jamás sería demostrada legalmente dentro del entramado del sórdido caso GAL. Serra dejaría la cartera del Ministerio de Defensa para pasar a la vicepresidencia del Gobierno en 1991. El ministro socialista Barrionuevo sería condenado en 1998 a diez años de prisión y a doce de inhabilitación politica por el secuestro de Segundo Marey, además de malversación de caudales públicos. Dicha condena sería indultada parcialmente por el gobierno de José María Aznar. Toda esta trama de corrupción política afectaría significativamente al ejecutivo de Felipe González, que perdería las elecciones generales de 1996. Barrionuevo no cumpliría ni un tercio de su pena privativa de libertad. Así se gestó todo el entramado de los GAL, uno de los episodios más vergonzosos y menos conocidos de la historia moderna de nuestro país.
